Cambio Constitucional
Desenfocado veo el artículo del Sr. Carreras (EL PAIS, 20.07.2015). Es cierta la actitud de beligerancia anticonstitucional de los caciques catalanes pero es excesivo afirmar que “ hace ya varios años que el desprecio al derecho - a la Constitución, leyes y sentencias- se ha instalado cómodamente en la Cataluña oficial”. Si no es delito merece una reflexión sobre las causas que lo produce y si lo fuera merecería la actuación a que el vigente ordenamiento jurídico de lugar.
Decir que alguien “está dispuesto a saltarse la ley o incumplir una sentencia” no es igual a cometer un delito ni a inducir a ello. Lo mejor que pude ocurrir es lo que lamenta el autor: “y aquí no pasa nada”, porque no hay “constantes vulneraciones del Estado de derecho” y eso es lo que aprecian “los editoriales de los periódicos, los columnistas de referencia, las tertulias de radio y televisión, salvo muy contadas excepciones, no [le] prestan especial atención” a estas opiniones no tanto porque “lo consideran como algo normal, habitual, un detalle nimio sin importancia” sino porque lo consideran un derecho de opinión protegido por la CE78.
También es un derecho constitucional la petición por escrito (art. 29.1 CE78). Eso se hizo “cuando a finales de 2009 un editorial conjunto de los diarios catalanes, encabezados por La Vanguardia y El Periódico, pidieron al Tribunal Constitucional, en nombre de Cataluña, que declarara el nuevo Estatuto conforme a la Constitución por motivos políticos”.
Si como dicen los castizos “preguntar no ofende” pretender “segundas lecturas” de la CE78 permiten su supervivencia aunque sería más sensato darla por agotada y dentro de un esquema de libertad ajeno al “ruido de los sables” con que se aprobó la CE78 terminar esta “eterna transición a la democracia” con una Constitución que permita elegir al Jefe del Estado que eso distingue la democracia de la dictadura (militar, monárquica, teológica, etc.).
Se puede estar en desacuerdo con este regionalismo fascista de ánimo estatal pero no se puede afirmar “ya podía preverse que aquellos que dirigen y conforman la opinión pública catalana tenían, o bien escasos conocimientos políticos, o bien un gran menosprecio por la democracia y el derecho”. Esta afirmación parece más hija del “pensamiento único” propio de otros tiempos que del respeto a la diversidad de opiniones (art. 20.1.a CE78) y afirmar que “lo que ha sucedido después no puede sorprender a nadie: al huevo de la serpiente, incubado desde hacía 30 años, comenzaba a rompérsele el cascarón” recuerda las conjuras judeo-masónicas.
Cabe opinar que “las autoridades catalanas vulneran el derecho ante la complacencia general ya forma parte de la normalidad catalana” lo cual “no es noticia” como no lo es el rechazo a la libre opinión opuesta, pero sin duda es excesivo acusar no sé si de cómplices o de acobardados a “los sectores influyentes de la sociedad -sindicatos, patronal, asociaciones conocidas, empresarios relevantes, mandarines culturales o presidentes del Barça- o están de acuerdo con quienes incumplen la ley o se mantienen cómodamente callados para no meterse en líos”. Si es verdad que “se quejan en privado pero enmudecen en público, como durante el franquismo, tampoco nada nuevo” no cabe sorprenderse ¿no vivimos acaso en la continuidad dictatorial del franquismo con el disimulo de la CE 78? Por eso es retórica la pregunta: “Ante el poder, cobardía: ¿es siempre así la condición humana?”; sin duda: ¡es la parte más vergonzosa!
A l Sr. Carreras le asusta la “ola de desobediencia al derecho” que él percibe, cree que se “está llegando a peligrosos límites”, pero al acusar “la deslealtad se exhibe con desenfado” habría que ¿lealtad a qué? ¿Al régimen continuador por herencia de la dictadura fascista?
Le molesta que el Sr. Oriol Junqueras dijera en una entrevista radiofónica que quería “colarle goles al Estado” esquivando las decisiones del Ejecutivo: “No daré pistas al Gobierno español de lo que decimos en las conversaciones para esquivarlo”, lo que parece normal. Al decir: “Así es como se trata a los enemigos” se equivoca; así se trata al contrincante. Es el juego.
Reprocha que el Sr. Homs iga que se ignorará la legalidad española si choca con el “mandato democrático del pueblo de Cataluña” que se expresará en las próximas elecciones”. A lo dicho cabe aplicarle la frase “dime de que alardeas y te diré de que careces” en igual medida que al Sr. Rajoy. En España sólo habrá mandato democrático si el pueblo puede elegir al Jefe del Estado. Mientras habrá una dictadura monárquica parlamentaria. Y en eso sí que tiene razón el Sr. Carreras: la democracia catalana del Sr. Homs es como la española: un ente de ficción.
La actitud es beligerante; es la propia del nacionalismo fascista: “Los nuestros y los otros, los catalanes y los españoles: un lenguaje de ruptura y confrontación, el lenguaje que a diario, constantemente, se ve y escucha en las radios y televisiones catalanas. Así se envenena la atmósfera en Cataluña”. Da igual inventar “imperios” o “naciones”. Quien “demoniza al que no opina como él” es igualmente fascista y esto abundan en ambos lados.
En cuanto a “declarar el estado de sitio, previsto en el artículo 116 CE, conforme a su ley reguladora, aprobada en 1981 tras el 23-F” es algo delirante. No peligra “la integridad territorial del Estado”. Son retos de un pulso político que exige solución política que puede pasar ¿por qué no? por cambiar la constitución. ¿No se modificó ya varias veces sin contar con nadie? Sería bueno que se modificara ahora contando con todos y se pudiera recuperar la democracia.
Para eso se necesita diálogo ¡pero no entre caciques sino entre ciudadanos! Nada hay sagrado en la CE78 salvo los propios ciudadanos. Nuestra libertad de elección es lo único digno de protección. Pero ése es el problema. La CE78 prohibe el referéndum si el cacique no quiere.
Con Adolfo Suárez se cantaba “habla pueblo habla, tuya es la palabra” en un intento de hacer ver al ejército golpista que “la soberanía reside en el pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado (art. 1.2 CE78), mentira que es parte de la farsa constitucional. Se trata de que sea verdad. Que el pueblo hable y diga si quiere una democracia o si quiere hipotecar a sus hijos con una dictadura monárquica sin derecho a que tampoco puedan opinar. ¡Así de sencillo!